El Servicio de Extranjería y Fronteras dispone de dispositivos de detección en todos los puntos fronterizos para identificar posibles documentos falsos o falsificados.
Los intermediarios especializados, las zonas francas, las autorizaciones falsificadas de exportación o importación y los importadores inexistentes se utilizan para intentar desviar los precursores.
Las autoridades policiales han establecido desde hace tiempo un vínculo claro entre las actividades terroristas y la utilización de documentos de viaje falsificados o robados.
Según se ha informado, parece que esos mismos “impresores” tienen existencias de chelines falsificados por valor de unos 2 millones de dólares de los EE.UU.
También intercambiamos con la Interpol información relativa al desplazamiento de personas sospechosas, documentos de viaje falsificados o ilegalmente alterados, el tráfico de armas, explosivos o sustancias peligrosas.
Una reciente investigación descubrió un arsenal de chequeras, tarjetas de crédito y documentos falsificados que habían sido utilizados para obtener bienes que luego podían ser devueltos para conseguir efectivo.
Artículo 205: Se castigará con prisión de entre uno y tres años y con una multa de entre 20 y 50 rials, a todo aquel que falsificase documentos personales.
De igual manera, los terroristas que carecen de conocimientos o recursos para falsificar o alterar pasaportes recurren a “proveedores de servicios delictivos” que se especializan en la falsificación de documentos.
Artículo 201: Si se cometiese la falsificación o se utilizase el documento falsificado para probar un hecho cierto, la pena disminuirá de acuerdo con el artículo 109 de esta Ley.
Se estima que la utilización fraudulenta de cheques cuesta 10.000 millones de dólares al año a las empresas de los Estados Unidos, y que generalmente se falsifican cheques por una cuantía aproximada de 500 millones de dólares.
La legislación vigente debe reforzarse para garantizar el enjuiciamiento de las personas que presenten documentos de viaje fraudulentos o falsificados en los puntos de entrada o incluso de las personas que tengan estos documentos en su poder.
El Estado Parte alega que el autor falsificó el código en un pedido de material y engañó a las autoridades penitenciarias comprando una cabeza de escáner para su impresora cuando pretendía que sólo deseaba adquirir cartuchos de tinta.