De esa manera, una ley complementa la otra para proteger el bienestar del niño desde las perspectivas diferentes del derecho civil y del derecho penal.
De ahí que el entorno socioeconómico pueda obligar a los niños a abandonar la escuela antes de tiempo y pueda hacerles vulnerables a la trata de personas y al trabajo de menores.
Así pues, corresponde al Congreso, de acuerdo con nuestra Constitución, tomar la decisión que considere más conveniente para el interés general de todos los españoles.