El caso Lambert c. Quebec (Fiscal General) guarda relación con un beneficiario de asistencia social inscrito en el Programa para el empleo en prácticas.
Cuando se devuelve un pago correspondiente a una prestación periódica, el beneficiario puede sufrir graves inconvenientes como resultado de las demoras en la tramitación.
Las asociaciones médicas impulsan el pago de un " honorario médico ético mínimo" a los beneficiarios de obras sociales y empresas de medicina prepaga, porque consideran que no están cubriendo el costo de sus servicios.