Además, la corrupción se alimenta de políticas gubernamentales que favorecen la especulación y permiten a algunos miembros de la sociedad obtener ganancias injustificadas sobornando a funcionarios gubernamentales.
Los Estados Partes en la Convención se comprometieron a sancionar a los acusados de sobornar a funcionarios públicos de países extranjeros con el propósito de salvaguardar la confianza en las transacciones internacionales.
Así, las poblaciones se ven obligadas a sobornar a los agentes de tráfico o a los que controlan los puestos fronterizos, incluso cuando cumplen con la legislación vigente en materia de desplazamiento de un país a otro.